Cuando perdemos la fe en el sistema, hemos perdido la fe en todo lo que peleamos y pasamos por Adlai E. Stevenson, político.
Cuando sucede un desastre natural, como el sismo del pasado 19 de septiembre y sus réplicas, los afectados pueden hacerse llegar de apoyos a través de dos vías: la gubernamental y la que brinda la sociedad civil y los organismos internacionales.
Si bien es cierto que no existen mecanismos de fiscalización de los recursos que se emplean por la sociedad civil y los organismos internacionales, su análisis no es motivo de este Espejo Roto porque no se trata de recursos públicos en sentido estricto.
En cuanto a los esfuerzos gubernamentales, el más inmediato consiste en solicitar a la Federación los apoyos correspondientes al Programa de Atención a Emergencias que, desde 2021, sustituye al FONDEN.
Este programa, si bien cuenta con Lineamientos de aplicación claros, tiene dos elementos a los que es necesario acercar la lupa. El primero corresponde a la ejecución de los recursos del programa y el segundo a las restricciones del mismo.
En el primer caso, es necesario anotar que la instancia que ejecuta el programa es la Coordinación Nacional de Protección Civil, misma que no cuenta con los recursos a disposición sino que, en caso de ser solicitados por alguna entidad federativa, debe, a su vez, gestionarlos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es decir, aunque los 9 mil 200 millones de pesos de que dispone para 2022 este programa se encuentran etiquetados, la Secretaría de Hacienda puede, a estas alturas del año, ya no tenerlos disponibles si es que los necesitó para algún otro programa o acción de gobierno emergente.
El segundo elemento que hay que observar es que la Federación, a través del Programa de Atención a Emergencias no transfiere dinero a los Estados. En este caso, el Gobierno de Michoacán deberá, una vez que se emita la Declaratoria de Emergencia, enviar una requisición de insumos y servicios para que la Coordinación Nacional de Protección Civil haga la compra y contratación correspondiente y, mediante la Marina, el Ejercito y la Guardia Nacional, se distribuyan en las zonas afectadas.
Sin embargo, en los anexos de los lineamientos de operación del Programa no se contemplan, entre los insumos, los materiales para construcción; ni entre los servicios, la mano de obra para la reconstrucción.
Sí encontramos, entre los insumos, despensas, kits de higiene personal y, en caso necesario, medicamentos para control epidemiológico. Mientras que, entre los servicios, hay renta de maquinaria y fletes.
La otra opción de recibir apoyos consiste en las colectas que realiza el Sistema DIF. Sin embargo, hasta el momento, este mecanismo no se ha activado. Si fuera el caso, el control y la fiscalización de los recursos consiste en elaborar un listado de donativos y donantes y un listado de beneficiarios y las cantidades a las que corresponden los respectivos apoyos.
Pero, este mecanismo no permite la trazabilidad suficiente para tener la certeza de que los donativos no terminarán -como ha sucedido con anterioridad- en las despensas que se entregan durante las campañas electorales.
Ciertamente, en un momento de estrés social provocado por un desastre natural, es complicado pensar en fiscalizar los recursos que se utilizan para apoyos a los afectados y reconstrucción de espacios. Sin embargo, este ejercicio -el de fiscalización- debe ser aún más estricto, asequible y casi inmediato para que, una vez pasada la emergencia, podamos revisar en dónde y en qué se utilizó el dinero que es de todos. Usted ¿qué opina?
