Sin duda, uno de los temas tan comentados en la actualidad es la denominada "autonomía universitaria", por consiguiente no cabe duda que el tema de la autonomía ha sido, es y seguirá siendo un tema de debate, de definición y de defensa para quienes, como el que escribe y muchos más, apreciamos su valor histórico, aunque es preciso reformularlo permanentemente.

Sin embargo, hay que reconocer que para un amplio sector del estudiantado el tema no forma parte de sus inquietudes y valores universitarios. Y quizá tampoco para una importante proporción de los académicos, sobre todo los contratados por asignatura. Ése es un asunto preocupante porque la gran mayoría de los docentes sólo trabajan unas cuantas horas en condiciones laborales no tan solidarias con temas de la vida universitaria

En relación al gobierno universitario, soy de la opinión que el peso de cada sector en sus consejos universitarios debe ser siempre ajustado, lo que significa que cualquier política institucional que se quiera impulsar y aprobar atendiendo a sus facultades expresas, implique el convencimiento y la necesaria negociación argumentada de un sector a los otros, sin embargo, cuando el mayor peso cuantitativo de la representación en los órganos de gobierno universitario recae en el sector estudiantil, es posible identificar un gran activismo en el campo de la organización estudiantil, pues es ahí donde la fuerza política de los grupos puede tener un grado importante de representación institucional y de negociación con otros grupos, pero el no equilibrio puede resultar riesgoso.

Lo mismo ocurre con el nombramiento de rectores, particularmente en los casos donde son los estudiantes de licenciatura y preparatoria los que deciden por voto universal, directo y secreto; un mecanismo que no debería existir, ya que no es adecuado que prácticamente un sector de la comunidad defina quién dirigirá la institución. Eso debe erradicarse de cualquier universidad pública autónoma.

Adecuar las leyes orgánicas a los nuevos tiempos siempre será sano, es así que, las universidades depositan su futuro en la constante mejora.

No es casual que universidades como la UNAM y la UAM, por mencionar a dos instituciones federales, pese a estar de acuerdo en que deberían modificar sus leyes orgánicas para actualizarlas, no lo hacen del todo. De hecho, ante la iniciativa de legisladores de Partidos como Morena para modificar la Ley Orgánica de la UNAM en el sentido de que la elección de autoridades fuera por votación universal, directa y secreta, el primero en rechazar fue el propio rector por el intento de intromisión a la autonomía de que goza la propia universidad.

Por cierto, para la modificación de las leyes orgánicas no se necesita que las universidades envíen a los congresos de diputados sus iniciativas; pueden provenir y prosperar de manera independiente por los mismos congresos, como sucedió en la Universidad Autónoma de Nayarit.

Por otro lado, una problemática difícil es, sin duda, el uso de la fuerza pública al interior de las universidades autónomas. Desde mi punto de vista y robustecido con una sana interpretación jurídica y social, atendiendo a la facultad que tienen las universidades de establecer cómo gobernarse a sí mismas, es claro destacar que, bajo ciertas circunstancias los rectores, e incluso los consejos universitarios, pueden meter mano a una potestad de acudir a las fuerzas policiales para restablecer el orden institucional, o erradicar posibles actos delictivos, para garantizar el derecho a la educación de toda la población estudiantil, aunque los rectores asuman el costo político de una acción de esa naturaleza.

Ante el anterior párrafo, es aplaudible que la Rectora Yarabí Ávila de la UMSNH, permita que los distintos grupos de seguridad (policia, guardia nacional, etc) se hagan presentes y den cuenta que autonomía no es isla de poder, espacio de la delincuencia, etc; autonomía es lograr capitalizar escenarios para mejora académica y de estudio, aún cuando existas factores externos que lo impidan como la criminalidad, las drogas, el alcohol, factores y/o patologías sociales.

Autonomía es, ser genuino, fortalecimiento de valores culturales y de nuestra identidad como nación; pero abiertas al diálogo intercultural y a la comunidad académica.

Solo siendo instituciones libres y responsables, las universidades pueden ser las interlocutoras por excelencia de ese respetuoso y fructífero diálogo que se quiere entre la academia y lo social. En este mundo contemporáneo, pletórico de desafíos e incertidumbres, la Universidad necesita autonomía, pero bien entendida, incluso para replantearse su propio ser y quehacer.

Como se ha venido explicando, las autonomías universitarias latinoamericanas han pervivido durante un siglo, pese a diversos lapsos de cuestionamiento por poderes políticos y han sabido reestructurarse sin perder las proclamas iniciales de la lucha universitaria.

Sobre ello, el investigador Axel Didriksson, en su texto de la "autonomía universitaria desde su contemporaneidad (2006)" , argumenta que en la actualidad la autonomía universitaria se enfrenta a “nuevas hegemonías”, tanto en el carácter epistémico como, centralmente, en el campo político.

Tal carácter de continuidad de la autonomía universitaria en el contexto global de las fuerzas estatales latinoamericanas, lleva a considerar con primacía la necesidad de seguir proclamando la autonomía universitaria como vector democrático en la pluralidad de actores sociales presentes en el continente, es necesario refrescar que:

La Universidad no ha sido, ni será un reflejo de la lucha por el poder o por la reconformación de las relaciones con el Estado, como si fuera una institución que refleja solo fuerza externas a su entorno; más bien se trata de una institución de tal fuerza y magnitud que no es una simple variable dependiente de la construcción permanente de fuerzas de un determinado Estado, sino una entidad social que determina y a veces sobredetermina la conciencia social, la identidad cultural e histórica de un país y la solución de un determinado conflicto o el antagonismo social profundo.

Finalmente y siguiendo con estos planteamientos actuales de la autonomía universitaria, se refuerza una tesis de mantener estrecho el vínculo entre labor universitaria y necesidades de la sociedad. Para ello, en un acto de adhesión a los acuerdos de la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998, se exponen que:

La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades orientadas a la erradicación de la pobreza, de la intolerancia, de la violencia, del analfabetismo, del hambre, contra el deterioro del medio ambiente y en oposición a las enfermedades, principalmente a través de un enfoque inter y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteadas.

En esta lógica de contraposición de la autonomía universitaria frente las tendencias mercantilistas de la globalización, las universidades públicas están asediadas por intereses de sectores políticos que buscan su privatización y promueven la reducción de sus presupuestos por parte de los Estados. Ante ello, es fundamental concluir que “la educación no puede en modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado”.

Pero se debe entender que autonomía universitaria no esta conflictuada con normas de seguridad, cuerpos de seguridad y presencia de la seguridad del Estado, aún y cuando algunos piensan que son las universidades entes divorciados de cumplir la normativa o entes obligados a no coadyuvar al orden y la motivación de un estado de derecho que nace desde lo mas simple de la convivencia a lo mas debatido de una autonomía, por ello, bienvenido el cumplimiento y la motivación del orden vinculado con el Estado y la Universidad, aún cuando cueste trabajo entenderlo.

Con el anhelo de ser leído por ustedes, dejo hasta aquí mis líneas de análisis.

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Maestro en Docencia en Ciencias Sociales por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) y Doctor en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán y la Universidad de Guanajuato. email: hugolex@yahoo.com.mx