La educación michoacana aún está lejos de salir de la nota roja, así como de la corrupción y las ilegalidades. Por principio de cuentas, la regulación de cuotas en las escuelas michoacanas es una obligación que recae en las autoridades educativas estatales, ante la cual han sido crasamente omisos durante muchos años.

Ante el adelgazamiento presupuestal cada vez más radical hacia el mantenimiento preventivo y correctivo, equipamiento, cumplimiento del catálogo de infraestructura física educativa, la situación se complica aún más.

La casuística es ingente, las denuncias públicas están por todas las redes sociales. Empero, en el epítome del desinterés por resolver la situación, las autoridades educativas no investigan oficiosamente al respecto, ni han diseñado un protocolo expedito y efectivo respecto a solicitar que el gobierno estatal sostenga dignamente cada escuela de la entidad federativa, sino que, por el contrario, como hace trescientos años sucedía, en tiempos del virreinato, expiden lineamientos estatales que, prácticamente dicen “hágase, pero no se cumpla”. Ante el doble discurso y la actitud inconsistente de la autoridad educativa estatal, los maestros y directores de las escuelas se ven entre la espada y la pared, con necesidad de sostener la operatividad mínima del plantel.

Sin embargo, la línea es muy delgada, porque el pago de cuotas escolares se convierte en un incentivo perverso para condicionar el derecho a la educación desde el acceso: obtener una ficha para participar en los infamantes e injustos exámenes de ingreso, como para finalmente lograr ratificar la inscripción y obtener un número de matrícula se condiciona al pago puntual y anticipado de la serie de cuotas que se acumulan e imponen. Más temprano que tarde, el afán de monetización de las escuelas impone exclusividades, sobreprecios, monopolios, prohibición de llevar hasta el desayuno o guarniciones en la mochila y demás absurdos con la única finalidad de elevar la recaudación.

La reducción al absurdo es un fantasma que se les aparece de vez en cuando a este tipo de medidas. Por ejemplo, en Morelia, asaltaron esta semana a un plantel cuando cobraba “cuotas voluntarias”. La autoridad estatal, en lugar de solucionar estructuralmente la problemática que coloca a los maestros y padres de familia solicitando, manejando y administrando dinero en efectivo. La autoridad estatal, en lugar de resolver estructuralmente la problemática, sale a decir que acompañará a las escuelas en sus respectivas denuncias por robo.

Incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a la fecha permanece intocada la obligación que se menciona al respecto en su Artículo Tercero: la educación que imparte el estado es gratuita. Ni en los periodos en los que más se ha buscado adelgazar el gasto educativo nacional se ha intentado siquiera cambiar el paradigma nacional.

Cobrar cuotas es justamente, un acto muy neoliberal. En contraste, la política de un estado del bienestar keynesiano implica la intervención del gobierno para redistribuir las asimetrías y brindar apoyo a quienes más lo necesita.

Recuperar la rectoría de la educación implica indefectiblemente sacarla de la nota roja, erradicar la corrupción, las mafias, transparentar y actuar conforme a derecho. Sin embargo, la nota roja y la educación se siguen encontrando periódicamente; por la misma situación. La educación michoacana se convierte de cuando en cuando en caja de resonancia de la violencia, corrupción y delincuencia que campean en nuestra entidad federativa.

Solamente, en esta semana, nos encontramos además de la escuela asaltada, con un comunicado de la autoridad estatal en materia educativa sobre actos de presunta venta de plazas, ante lo cual la autoridad educativa local solamente se ha limitado a invitar a los afectados a presentar denuncias ante la Fiscalía por la modalidad de fraude, cuando debería de modificarse el Código Penal del Estado de Michoacán para tipificar la oferta de plazas y espacios educativos, tal y como lo hemos mencionado desde hace años.

También nos enteramos de que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos declaró que, una vez más, las dependencias educativas están en primer lugar en quejas por violaciones a los derechos humanos ante la dependencia que dirige, rebasando a las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia nuevamente, ya que solamente durante la pandemia, cuando las escuelas estuvieron cerradas, fue que cayó la SEE a tercer lugar.

En suma, aún hay mucho por hacer aún para regular, ordenar y recuperar la rectoría del sistema educativo michoacano.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.