La privación ilegal de la libertad que sufrió la alcaldesa de Cotija la semana pasada nos recuerda no solo la vulnerabilidad de los presidentes municipales sino el dominio de los grupos criminales en Michoacán. Esta agresión no es casualidad ni un hecho aislado y enciende las alarmas para el proceso electoral 2024.

El “levantón” a Yolanda Sánchez Figueroa no debe minimizarse como ha ocurrido con todos los ataques físicos y materiales registrados en Michoacán en todas las regiones del estado que ahora son calificados por la Presidencia de la República y el gobierno estatal simplemente como propaganda de grupos criminales, como simples balandronadas que son controladas con un simple despliegue de elementos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional y estatal.

Los municipios michoacanos están bajo asedio de los grupos criminales que se disputan la entidad y los alcaldes son el eje central de esta lucha, ya sea para contenerlos o para favorecer sus intereses. Tampoco es nuevo el desinterés mostrado desde el gobierno estatal por proteger o perseguir a los ediles que podrían estar involucrados porque eso conlleva a una confrontación política.

Cuando se filtró en noviembre de 2022 la información contenida en bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, incidente conocido como Gacamaya Leaks, se dio a conocer la supuesta relación que tendrían 29 alcaldes michoacanos de todos los partidos políticos con diversos grupos del crimen organizado, así como la presencia que tendrían estas organizaciones en todo el territorio estatal. De acuerdo con este informe, supuestamente elaborado el 13 de septiembre de 2021 por el Centro Nacional de Inteligencia, la alcaldesa de Cotija no estaría en esta lista, pero el municipio registra desde hace años una fuerte presencia de grupos criminales.

Meses antes de entrar en funciones Yolanda Sánchez, Cotija había sido escenario de diversos incidentes graves de inseguridad que mostraban la presencia de organizaciones criminales: por ejemplo, en febrero de 2021 se difundían las amenazas que sufría el titular de la policía municipal y en junio de ese mismo año fueron encontrados ocho cuerpos sin vida en un narco-laboratorio. Entonces se decía que se tenía detectada en el municipio la presencia de los cárteles Jalisco Nueva Generación, de La Nueva Familia Michoacana, Antigua Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, así como del Cártel de Los Reyes.

Hay que recordar también que la localidad Los Lobos, de Cotija, forma parte del Informe titulado “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2021”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que documentó el desplazamiento de 13, 515 personas de 82 localidades de 28 municipios michoacanos causado por la violencia y los enfrentamientos entre grupos criminales.

En el caso de Cotija, el informe señala que producto de los “enfrentamientos; incursiones y ataques armados; uso de armas/presencia de personas con armas; casas, cultivos o negocios quemados, destruidos o baleados” se registró el desplazamiento de 204 personas de la localidad. El informe tiene en el apartado “Respuesta gubernamental” como “No reportada”.

Este año, el 1 de abril, las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio fue atacada por un comando armado, dejando como saldo dos policías municipales sin vida, mientras que en localidad Los Lobos, ese mismo mes, se registró un enfrentamiento entre civiles armados contra elementos de la Base de Operaciones Interinstitucionales que realizaban un operativo en la zona, dejando dos personas sin vida.

El levantón a la alcaldesa solo es un pequeño y simple recordatorio del problema de inseguridad que padece Michoacán en todas las regiones de la entidad. No debería minimizarse porque teniendo enfrente el proceso electoral se abre la posibilidad una participación más activa de los grupos criminales para influir en los comicios.

¿Y el Protocolo de seguridad electoral?

Después de los comicios del 2021 en Michoacán y luego de confirmarse la participación de organizaciones criminales en el proceso electoral local, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al INE la adopción de “medidas y protocolos conducentes para prevenir y actuar ante escenarios de riesgo en los procesos electivos con especial énfasis en salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas y personas electoras”.

Entre las medidas, destaca la elaboración de un Protocolo para Prevenir Factores de Riesgo en los Procesos Electorales que deberá implementarse en Michoacán para, en la medida de lo posible, evitar que las y los futuros candidatos sufran algún tipo de inseguridad, especialmente para quienes aspiren a la reelección.

Especialista en telecomunicaciones.