De irracional se puede calificar el vandalismo efectuado por un grupo de comuneros de Arantepacua en las instalaciones tanto de la Fiscalía General de Michoacán como de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el inicio de la semana pasada, tras un aniversario más de la irrupción policiaca a su poblado con saldo de cinco muertos, cuatro de sus compañeros y un policía.

Si, azuzados por los llamados maestros democráticos y normalistas y avalados por morenistas, esos comuneros optaron por tratar de hacerse justicia por sus propias manos ante su impaciencia por la lentitud en que se cumplen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para resarcir en lo posible los daños provocados.

Y es que el 23 de diciembre del 2020, la CNDH dio a conocer una serie de recomendaciones al Gobierno de Michoacán y a la propia Fiscalía General de Michoacán tendientes para enfrentar las secuelas de dicha irrupción, suscitada en tiempos del entonces mandatario Silvano Aureoles Conejo, que si bien derivó en un enfrentamiento armado, hubo exceso uso de la fuerza pública.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esa irrupción policiaca, la cual estuvo acompañada por integrantes de la fuerza federal, “se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua.

Por lo anterior, la CNDH emitió 15 puntos recomendatorios, siete dirigidos al Gobierno del Estado de Michoacán y ocho a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en los que solicita una disculpa pública por parte de las autoridades estatales, orientada a dignificar a las víctimas con un reconocimiento público de su responsabilidad, la cual deberá ser traducida al purépecha, difundida en una radiodifusora con alcance en la comunidad de Arantepacua, así como en un medio de comunicación local. También pide colaboración en los procedimientos administrativos y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a la cadena de mando por la planeación e implementación del operativo.

Además, con la finalidad de garantizar la no repetición de los hechos, demandó al Gobierno de Michoacán el uso obligatorio de cámaras fotográficas, videográficas y de audio en los operativos que se realicen y la revisión del marco normativo aplicable al uso de , la fuerza y adecuación a los estándares internacionales; la compensación e inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas a fin de que puedan recibir la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran , y la elaboración de un plan Integral para la reparación del daño colectivo, tendiente a la recuperación del tejido social, que se llevará a cabo de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Ayuntamiento de Nahuatzen y la comunidad de Arantepacua, como con una perspectiva de género e interculturalidad.

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