Morelia, Michoacán.-A las 3:00 de la mañana de este jueves, por unanimidad de votos, los 40 diputados de la 76 Legislatura aprobaron la reforma constitucional federal de los pueblos indígenas y afromexicanos para que las comunidades originarias sean reconocidos en la Constitución, como sujetos de derecho público, de personalidad jurídica y patrimonios propios, aunado a que queda reconocida la consulta libre e informada.
Sin que el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, diera paso a la intervención del diputado independiente, Conrado Paz Torres quien pidió la voz ante el pleno, ni tampoco la del diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González y las morenistas, Emma Rivera y Eréndira Isauro, seis legisladores sí subieron a tribuna para hacer los pronunciamientos respectivos sobre la reforma al artículo segundo de la Constitución.
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En su intervención, la diputada de Morena, Nallely Pedraza Huerta, consideró que con dicha reforma constitucional, los pueblos originarios y afromexicanos nunca volverán a ser invisibilizados y se les permitirá ejercer el presupuesto público para el desarrollo de sus comunidades. Agregó que el reconocimiento como derecho a la consulta a cualquier acción de gobierno que pudiera incidir, tendrá protección para que ninguna decisión sea regresiva.
A nombre del partido de Morena, Belinda Iturbide Díaz, señaló que las comunidades indígenas y afromexicanos han sido olvidadas y marginadas durante muchos años al reclamar desde hace tiempo justicia y dignidad para estos pueblos, ante lo cual, la morenista consideró que dicha reforma constitucional es una visión clara de justicia social y un legado humanista del presidente, Andrés Manuel López Obrador con este sector olvidado.
Comentó que en el país hay 12 millones de personas que viven en hogares indígenas, 26 millones se auto reconocen como indígenas, mientras que en Michoacán se registran un total de 154 mil 943 personas son hablantes de alguna lengua indígena que representan el 3.4 por ciento de la población total del estado, así como 73 mil 424 personas del 1.5 por ciento de la población del estado se reconoce como afrodescendientes.
Por su parte, la diputada del Revolucionarios Institucional (PRI), Adriana Campos Huirache hizo una crítica a la obra del Tren Maya que desde su punto de vista ha sido una de las obras con mayor impacto ambiental en los últimos años que ha afectado a comunidades indígenas al haber arrasado con millones de metros cúbicos de árboles.
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Pese a que el voto del tricolor fue a favor, la priista exigió que esta reforma no solo quede en buenos deseos sino en hechos concretos, ya que denunció la desaparición de varios programas de bienestar y de infraestructura que había para los pueblos originarios, pero que en el sexenio de López Obrador fueron retirados. ”El 77 por ciento de este segmento carece de acceso a la seguridad social y no existen programas para solucionar la problemática”, cuestionó.
En tanto, la diputada de Acción Nacional (PAN), Teresita Herrera Maldonado, evidenció que actualmente más del 42 por ciento de las comunidades tienen carencia alimentaria, no cuentan con servicios básicos y en pobreza, ante ello, se pronunció para que el paso jurídico se traduzca en mejores condiciones de vida para los pueblos originarios. Llamó a los legisladores para que en la discusión del presupuesto 2025 realmente se aumenten los recursos a las Universidades indígenas.
Finalmente, el legislador del PVEM, Abraham Espinoza Villa refirió que con la reforma se corregirá el rumbo, aunado a que se garantizará la igualdad y justicia social de las comunidades indígenas y afromexicanas. “No se deben imponer decisiones que afecten su vida, sin antes ser escuchados y la reforma otorga a las comunidades el derecho de defender su desarrollo cultural, social y conocimiento ancestral”, comentó.
Al medio día de este jueves, los diputados volverán a sesionar, pero para aprobar la reciente reforma constitucional de la Guardia Nacional que ahora estará a cargo de la Sedena.
